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Dar mayor seguridad jurídica a los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y luchar contra las horas extra que no son pagadas ni cotizadas. El Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativa y vamos a analizar ambas medidas.

La creación de un marco de seguridad jurídica para los jóvenes

A finales de 2018, El Consejo de Ministros llegaba a un Acuerdo por el que se aprobaba un Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, autorizando medidas dirigidas a reducir la tasa de paro juvenil y a proporcionar empleos de calidad en el mercado laboral.

Este plan acopia el programa de Garantía Juvenil, centrándose especialmente en las mejoras para el colectivo de jóvenes a partir de 25 y menores de 30 años.

Objetivos del marco de seguridad jurídica

  • Dar estabilidad a la aplicación de los programas de mejora del empleo desarrollados en el marco de la Garantía Juvenil para jóvenes menores de 30 años.
  • Introducir mejoras que faciliten las vías de inscripción y acceso al fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de, dar mayor seguridad jurídica.
  • Coordinación y seguimiento del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
  • Evitar posibles incertidumbres relativas a la publicación periódica de la tasa de desempleo del colectivo de jóvenes entre 25 y 29 años.
  • Que la comisión delegada de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, vele por la correcta coordinación de las actividades a desarrollar para la ejecución de este Sistema, así como, por la creación y desarrollo de los Grupos de trabajo específicos.
  • Optimizar la gestión de los fondos procedentes del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Garantía
  • Establecer el límite de 30 años, de aplicación a los jóvenes que estuvieran inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como, a aquellos que hayan solicitado su inscripción, con anterioridad a la entrada en vigor de esta
  • Se aplica el límite de edad máximo de 30 años, para poder beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo.
  • Revisión y mejora de la actual Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificándose los artículos 88, 97, 98.5, 101.4 y

Registro del trabajo real de los trabajadores

Tema polémico donde los haya, ha sido analizado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y las Instituciones Europeas.

La Audiencia Nacional, se pronunciaba en una Sentencia del 4 de diciembre de 2015, y confirmaba la necesidad de un registro de la jornada laboral, que no de horas extraordinarias, para controlar los excesos, además puntualizaba que, la inexistencia de dicho registro, provocaba indefensión en los trabajadores, como único medio de acreditación.

En su caso, el Tribunal Supremo en Sentencia 246/2017, de 23 de marzo, aconsejaba sobre una posible reforma legislativa, que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador, la prueba de la realización de horas extraordinarias.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, viene manteniendo la aplicación de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y en la que se impone “a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de los trabajadores a tiempo completo, que no se hayan comprometido de forma expresa, individual o colectivamente, a realizar horas extraordinarias”.

En enero de 2019, el Abogado General concluye que la normativa española podría entrar en conflicto con la mencionada Directiva, motivo por el cual, el Ejecutivo decide modificar, por Real Decreto Ley, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo un nuevo apartado nueve que, obliga a las empresas a realizar un “registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y fin de la jornada laboral de cada persona trabajador”.

Sanciones

Este nuevo Decreto consigue regular una base legal, ahora bien, su establecimiento tendrá que acordarse mediante negociación colectiva. A día 12 de mayo, las empresas deben tener operativo, un sistema de control que registre las jornadas laborales efectivas de sus empleados, su incumplimiento, supondrá una infracción grave, con multa de 206 a 6.250 euros

Finalmente, se pacta un plazo de cuatro años, como tiempo obligatorio de conservación de los registros, además de permanecer a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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