El marco de estabilidad económica y apoyo a las empresas y autónomos en esta fase de recuperación se quiere lograr mediante la prórroga de importantes medidas de política económica hasta el 30 de junio de 2022.

Actualización a 01 de diciembre de 2021 

Actuaciones necesarias a aplicar en el ámbito de los avales tras la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021: 
1. La ampliación del plazo de solicitud hasta el 01 de junio de 2022 de los avales de la “Línea de avales para inversiones”, liberados al amparo del Real Decreto – Ley 25/2020, de 3 de julio.
2. La ampliación del plazo de solicitud hasta el 01 de junio de 2022 de los avales de la “Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO”, liberados al amparo del Real Decreto- Ley 8/2020, de 17 de marzo. 
3. La modificación del Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, con el fin adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público: 
3.1. La extensión hasta el 1 de junio de 2022 para solicitar las empresas y los autónomos la ampliación de plazos de vencimiento y las conversiones de las operaciones de financiación en préstamos participativos.
3.2. La ampliación hasta el 1 de junio de 2023 para solicitar las medidas de reducción de endeudamiento a que hace referencia el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo: “transferencias públicas a favor de las empresas y los autónomos con la finalidad de reducir el principal de las operaciones de financiación concedidas”. 

*Aclaración importante: no se concederá ninguna medida al amparo de este Acuerdo a partir del 1 de enero de 2022, hasta que no se cuente con una autorización expresa para ello de la Comisión Europea, dado que la autorización vigente cubre únicamente hasta el 31 de diciembre de 2021. 

BOE núm.287, miércoles 1 de diciembre de 2021 (Resolución de 30 de noviembre de 2021).

Seis medidas de apoyo a empresas y autónomos

Las seis medidas de apoyo a empresas y autónomos con las que el Ejecutivo quiere proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares son las siguientes:

  1. La extensión de la moratoria de la obligación de declaración de concurso en el caso de desequilibrios patrimoniales.
  2. La exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución empresarial.
  3. El establecimiento de un marco claro durante 2022 para las inversiones extranjeras directas.
  4. El establecimiento de disposiciones que garanticen un régimen de precios aplicable en el caso del cambio de suministrador de gas y la viabilidad económica y financiera de las empresas comercializadoras y el fomento de la movilidad eléctrica.
  5. Ampliación de la línea de avales.
  6. La transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.

La extensión de la moratoria de la obligación de declaración de concurso en el caso de desequilibrios patrimoniales

Se extienden, hasta el 30 de junio de 2022, las moratorias para evitar el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades puedan restablecer su equilibrio patrimonial.

Significa que, si un deudor se encuentra en estado de insolvencia no tiene el deber de solicitar la declaración de concurso, haya comunicado o no al Juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación.

Además, se sigue permitiendo a los jueces no admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020.

(*Se modifica el artículo 6 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia).

La exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución empresarial

No se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021, a los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución de la sociedad.

(*Se modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia).

El establecimiento de un marco claro durante 2022 para las inversiones extranjeras directas

La suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, fue regulado por medio del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que añadió un nuevo artículo 7 bis.

El concepto de inversiones extranjeras directas quedó definido como aquellas que realizan los residentes en países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), o por residentes en países de la UE o de la AELC en caso de que los titulares reales residan fuera de la Unión Europea o de la AELC y que lleven al inversor a ostentar un 10% o más de la compañía española o una participación efectiva en su gestión y control.

Unos meses más tarde, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, ampliaría la protección establecida en el citado artículo 7 bis a las inversiones provenientes de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en ciertas circunstancias.

Marco ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021 en virtud del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

Sin embargo, la persistencia de algunas de las circunstancias que llevaron a la aplicación de estas medidas han hecho necesaria su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022.

(*Se modifica la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético).

El establecimiento de disposiciones que garanticen un régimen de precios aplicable en el caso del cambio de suministrador de gas y la viabilidad económica y financiera de las empresas comercializadoras y el fomento de la movilidad eléctrica

  • Se amplía la cobertura para los suministros esenciales de gas natural que no dispongan de contrato de suministro.
  • Se refuerza la garantía de cobro por parte de las comercializadoras de último recurso de gas natural de los déficits que puedan surgir como consecuencia de la limitación del incremento de la tarifa de último recurso (TUR) de gas.
  • Fomentar el despliegue de la infraestructura de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos, prohibiendo la introducción de cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro de estaciones de servicio, que permitan al operador instalar puntos de recarga por sí mismo o a través de un tercero distinto al operador petrolífero.

(*Se modifica el apartado 4 y se añade una letra c) al punto 1del artículo 43 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; y se modifica del apartado 6 de la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad; se modifica el apartado 3, del artículo 2 del Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural).

Ampliación de la línea de avales

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, así como, por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 30 de junio de 2022.

La concesión de estos avales públicos estará destinada a atender las necesidades de liquidez e inversión de los autónomos y las empresas españolas afectados por los efectos económicos de la COVID-19.

Estos avales se otorgarán de conformidad con la normativa europea al respecto, significa que, la extensión del plazo de concesión en relación con estos avales no será de aplicación hasta que haya sido autorizada mediante Decisión de la Comisión Europea.

Además, hasta el 30 de junio de 2022 se amplía el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, sin perjuicio de que puedan retener los fondos necesarios para hacer frente a los pagos que eventualmente puedan derivarse de la estimación de los recursos en vía administrativa interpuestos contra resoluciones denegatorias dictadas antes del 31 de diciembre de 2021 y que estén pendientes de resolución.

(*Se modifica el apartado 2 del artículo del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo; se modifica el apartado 2 del artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; se modifica el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19).

La transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras

El Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, fija el plazo para la extinción de la relación laboral para realizar las labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina antes del 31 de diciembre de 2021, pero este plazo no permite acompasar el régimen de las ayudas al ritmo de ejecución de los trabajos de abandono de labores y restauración, de modo que se otorga el acceso a estas ayudas a los trabajadores que estén realizando labores de cierre y rehabilitación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.

Este plan estratégico encaminado a facilitar el cierre de minas no competitivas y encaminado a una transición justa hacia un nuevo modelo energético quería dar cobertura a los trabajadores que perdían sus puestos de trabajo, y para ello se instrumentaron medidas dirigidas a otorgar nuevas ayudas sociales, flexibilizando sus condiciones y permitiendo unas prestaciones financiadas con cargo esas ayudas sociales, a las que de otro modo no hubiesen tenido acceso.

Se distinguieron dos tipos de ayuda, las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada y las ayudas por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario.

Para aquellos trabajadores que mantuvieron su vínculo laboral para realizar las labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina, se ofrecieron ayudas sociales en el plazo de 36 meses contado desde el 31 de diciembre de 2018, y hasta el 31 de diciembre de 2021, sin embargo, estas labores de cierre y rehabilitación aún están en marcha.

Por todo ello, se va a permitir el acceso a estas ayudas a aquellos trabajadores que realicen labores de cierre y rehabilitación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.

(*Se modifica el apartado 2 del artículo 1 y el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras).

Normativa aplicable

El contrato de los empresarios que impulsan PYMES

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Verónica Cruz

Veronica Cruz de Audiolís

Controller Jurídica en Audiolís. Abogada experta en laboral y fiscal.