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Analizamos en profundidad las medidas económicas que quedan reflejadas en el recién publicado Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Se suprime la suspensión de la portabilidad, se vuelve a la situación plenamente competitiva anterior (art. 3)

A partir de este momento resulta procedente que el mercado de las telecomunicaciones recupere la plena operatividad y se permita nuevamente la conservación del número de abonado en caso de cambio operador o portabilidad del número.

Los ciudadanos pueden así reforzar su capacidad de elección en busca de servicios más baratos, innovadores, más completos, de mayor calidad o adaptados a sus necesidades.

¿Cuáles son las medidas oportunas adoptadas?

  1. Facilitar a los abonados la satisfacción de las facturas que no se hayan podido pagar durante el estado de alarma. ¿Cómo? Con fraccionamientos y aplazamientos de deudas en los servicios de comunicaciones electrónicas.
  2. Serán cubiertas las facturas pasadas al cobro desde la fecha de entrada en vigor del Estado de Alarma hasta el 30 de junio de 2020.
  3. El plazo para realizar los pagos fraccionados será de 6 meses, salvo que se acuerde con el operador un plazo diferente, superior o inferior.
  4. No se pueden devengar intereses de demora ni se podrán exigir garantías para estos fraccionamientos o aplazamientos.

Programas de apoyo al tejido empresarial de las economías europeas (art. 4)

La ayuda financiera adoptará la forma de préstamos otorgados a los Estados miembros que lo soliciten para financiar esquemas de protección de empleo, como será el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo en el caso de España.

De cara a proteger a los trabajadores por cuenta ajena y a los autónomos y reducir el impacto del desempleo y de las pérdidas de ingresos, se pone en marcha lo regulado en el Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19, es el que regula su creación y características, con el mencionado objetivo de otorgar asistencia financiera a los Estados miembros que estén sufriendo dificultades económicas severas a causa del COVID-19.

Se otorga cobertura presupuestaria al programa nacional de avales del Estado (art. 5)

Finalmente es completado lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 dando cobertura presupuestaria al programa nacional de avales del Estado de 100.000 millones de euros para la financiación de empresas y autónomos aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Se quiere garantizar la solvencia de este programa desde el punto de vista financiero y operativo.

Moratorias hipotecarias y no hipotecarias (art. 6, 7 y 8)

Estas moratorias han supuesto la suspensión temporal de las obligaciones de pago y el no devengo de intereses durante el tiempo de duración de la moratoria (3 meses desde que se solicita).

El elemento común de estas moratorias es proteger a aquellas personas físicas en situación de vulnerabilidad económica (cuando actúan como consumidor y cuando lo hacen bajo el ejercicio de su actividad profesional).

Hasta ahora qué moratorias han sido aprobadas:

  • Moratoria legal para los deudores de préstamos con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).
  • Esta moratoria es extendida también a cubrir aquellos préstamos o créditos garantizados con inmuebles destinados a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales, así como a aquellos otros cuyo objeto sea la adquisición de viviendas destinadas al alquiler.
  • Una nueva moratoria para cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria que tuviese concertada cualquier persona física, tanto en su faceta de consumidor, como en el ejercicio de su actividad profesional, en virtud de lo previsto en los artículos 21 a 27 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

A partir de ahora, tres posibles tipos de moratoria

  • Moratoria Legal hipotecaria y no hipotecaria (la analizada hasta ahora).
  • Moratoria pactada entre las partes y acogida a lo previsto en los Acuerdos sectoriales suscritos entre las entidades prestamistas, a través de sus asociaciones representativas. A estas moratorias el real decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, les asocia unas consecuencias sobre la base de la necesidad de agilizar los trámites para su concesión y procurar una extensión rápida de sus efectos entre los prestatarios. Estas moratorias convencionales amparadas en un acuerdo sectorial se regulan en los artículos 6 a 8 y la disposición transitoria primera. Significa que, las entidades deben manifestar su adhesión al acuerdo marco y comunicarlo al Banco de España.
  • Moratorias amparadas en el principio de libertad de pactos del 1.255 del Código Civil son acordadas por las partes, no siéndoles de aplicación lo dispuesto en los artículos 6 a 8 y la disposición transitoria primera. Ello no obstante, las que se formalicen con los deudores que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica definida en el artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, aplicarán las condiciones de duración, efecto inmediato y no devengo de intereses previstas legalmente y se beneficiarán de la correspondiente bonificación de honorarios registrales y notariales y de la exención de la cuota gradual de actos jurídicos documentados.

Factores a respetar por las entidades de crédito y notarial

  • La forma de articular el segundo supuesto, moratorias acogidas al Acuerdo marco sectorial, podrá consistir en la redistribución de las cuotas, manteniendo el plazo pactado o bien con la ampliación del plazo de vencimiento.
  • Las entidades no podrán bajo el acuerdo de una moratoria establecer nuevas condiciones que no figuren en el contrato de préstamo original, tales como la comercialización de nuevos productos o el requerimiento de nuevas garantías.
  • La disposición transitoria primera establece la aplicación de las previsiones de este real decreto-ley a las moratorias en tramitación antes de su entrada en vigor, de manera que se ajusta la tramitación para hacer posible esta aplicación sin merma de su agilidad, ni de las garantías para los deudores, que recibirán en todo momento la documentación explicativa de los efectos de la moratoria antes del momento de la elevación a público del contrato. Cuando la documentación no haya podido ser entregada antes de la firma de la moratoria, el deudor tendrá derecho de desistimiento de la moratoria durante un plazo de 10 días, todo ello antes de la elevación a público del acuerdo.
  • Mediante la disposición final se establece el régimen de exención de las escrituras de formalización de las moratorias, tanto de las legales, como de las convencionales suscritas al amparo de un acuerdo marco sectorial, a la cuota gradual de documentos notariales, como medida destinada a facilitar e incentivar la adopción de estas medidas de aplazamiento de las deudas por parte de las entidades.
  • La disposición derogatoria única elimina a este respecto la prohibición de formalizar escrituras públicas durante la vigencia del estado de alarma hasta que no se restablezca la libertad deambulatoria, prevista en el apartado segundo del artículo 16 ter del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, puesto que el régimen ahora establecido permite agilizar la elevación a público del acuerdo de moratoria.

Refuerzo adicional a la moratoria no hipotecaria

Para los autónomos y sus contratos de arrendamiento financiero (leasing o leasing financiero), se trata un tipo de negocio jurídico con elevada importancia en lo relativo a la financiación de la actividad económica de los trabajadores autónomos.

AHORA

Se modifica el artículo 21 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para incluir, explícitamente, los contratos de arrendamiento financiero dentro del ámbito de aplicación objetivo de la moratoria no hipotecaria.

Resumen de medidas económicas del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del #COVID-19 Clic para tuitear

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Veronica Cruz Tro de Audiolís

Controller Jurídica en Audiolís. Abogada experta en laboral y fiscal. Webinars, ebooks, artículos y contenido en vídeo.