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El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que va a tener un gran impacto en algunas empresas por la obligación de tener un Plan de Movilidad.  

La tramitación parlamentaria se ha reanudado y, además, por la vía de urgencia para poder cumplir con el compromiso adquirido por España ante la Comisión Europea. 

Se trata de una Ley extensa que contiene 109 artículos y que tendrá un impacto sobre la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial; y en la que se recogen multitud de aspectos, dado el impacto que el transporte tiene en todos los ámbitos. Constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas Administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI.

Por ello, su objetivo es el establecimiento de las condiciones necesarias para que la ciudadanía, así como las entidades públicas o privadas puedan disponer de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo como herramienta para lograr:  

  • una mayor cohesión social y territorial,  
  • contribuir a un desarrollo económico resiliente y 
  • alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y mejora de la calidad del aire. 

La ley (artículo 4) reconoce el derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo en los términos establecidos por la ley, que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, favorezca la realización de sus actividades personales, empresariales y comerciales y atienda las necesidades de las personas menos favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblación, y en particular, preste especial atención a los supuestos de movilidad cotidiana.  

La amplitud del reconocimiento de tal derecho, como puede apreciarse, es bastante amplia. Introduce la posibilidad de incluir servicios de transporte público regulares, discrecionales o a la demanda, servicios de movilidad compartida y servicios de movilidad colaborativa. Esto deberá desarrollarse en beneficio de las generaciones actuales y futuras, la prosperidad económica, la cohesión social, el equilibrio territorial y la calidad de vida. 

De forma resumida, la Ley pivota sobre 4 pilares fundamentales

  • La movilidad como derecho social. 
  • Una movilidad limpia y saludable. 
  • Un sistema de transporte digital e innovador. 
  • Invertir mejor al servicio de los ciudadanos. 

Mediante estos cuatro pilares se pretende el desarrollo de una nueva cultura de la movilidad segura, saludable y sostenible. De manera que las administraciones públicas van a tener que impulsar iniciativas que permitan concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de las ventas que aporta la movilidad sostenible y promover acciones formativas que doten a los profesionales, y ciudadanía en general, de las habilidades necesarias para lograr la transformación social que requiere el cambio hacía una movilidad sostenible. 

La formación adquiere un papel relevante, dedicando un precepto (artículo 22) a este aspecto. Bajo la rúbrica «Formación a la ciudadanía en movilidad sostenible», se pretende promover en los distintos ámbitos: 

  • A través del sistema educativo, incluyendo en el currículo de la enseñanza básica y de Bachillerato, saberes vinculados a la movilidad sostenible, la educación vial y la convivencia con los distintos modos de transportes; y su uso en condiciones de seguridad, fomentando la adquisición de la necesaria responsabilidad personal, social y medioambiental. 
  • Asimismo, en el ámbito universitario y de la formación profesional, fomentarán la formación en materia de movilidad sostenible, digitalización, seguridad y multimodalidad del transporte. Y promoverán que se revise el tratamiento de estas materias en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos y otras certificaciones oficiales en los que resulte coherente conforme a las competencias inherentes a los mismos. 

Para llevar a cabo estas acciones, se garantizará la adecuada formación inicial del profesorado que ha de asumir funciones docentes en materia de movilidad y transportes sostenibles en las distintas etapas. Se impulsarán, además, programas de formación permanente del profesorado a fin de incluir formación específica en dicha materia y promover su revisión periódica para garantizar la adecuación de los contenidos. 

Igualmente, promoverán la formación en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, con acciones formativas dirigidas a personas de cualquier edad. En formato tanto presencial como virtual, orientadas no solo a la adquisición de nuevas aptitudes en el ámbito de la movilidad y los transportes sostenibles, sino a la difusión y el conocimiento de la nueva cultura de la movilidad. Siempre procurando que la formación esté disponible en un formato accesible para las personas con discapacidad y de lectura fácil.

Otro de los aspectos importantes que introduce en su artículo 27 es el establecimiento de Planes de movilidad sostenible en el trabajo. Tendrá impacto en aquellas empresas y entidades del sector público que tengan centros de trabajo con más de 500 personas trabajadoras o de 250 si trabajan por turnos. Dispondrán de un plazo de 24 meses desde que entre en vigor la norma para acometerlo. 

Este Plan de Movilidad Sostenible deberá ser negociado con la representación legal de las personas trabajadoras. En caso de no existir, se deberá constituir una Comisión Negociadora, de forma paritaria entre representantes de la empresa y representantes de las personas trabajadoras integradas por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa.  

Para ello a través de la Disposición Final Tercera de la Ley, se procederá a la modificación del artículo 85 del E.T., añadiendo al precepto: «asimismo, existirá el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo con el alcance y contenido previstos en el artículo 27 de la Ley de Movilidad Sostenible, orientados a buscar soluciones de movilidad que contemplen el impulso del transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, la movilidad activa y la movilidad compartida o colaborativa, de cara a conseguir los objetivos de calidad del aire y reducción de emisiones, así como a evitar la congestión y prevenir los accidentes en los desplazamientos al trabajo.» 

Sorprende el contenido que ha de tener el Plan de Movilidad, bastante ambicioso, pues deberá incluir: 

  • Soluciones de movilidad sostenible que contemplen el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo y soluciones de movilidad, tanto compartida como colaborativa, incluyendo expresamente dentro de estas soluciones el teletrabajo, en los casos que sea posible. 
  • El precepto no sólo abarca a las personas trabajadoras, sino que va más allá, estableciendo la necesidad de englobar en dicho Plan a visitantes, proveedores y a cualquier otra persona que requiera acceder al centro de trabajo.  
  • Para su elaboración, deberán tener en cuenta el plan de movilidad sostenible de la entidad local en cuyo ámbito territorial se ubique el centro. Los planes podrán contemplar la compensación de la huella de carbono para aquella movilidad emisora de gases de efecto invernadero sobre la que no se haya podido actuar. 
  • En los centros de trabajo de más de 1.000 personas trabajadoras situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, deberán incluir medidas que permitan reducir la movilidad de las personas trabajadoras en las horas punta y promover el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones.  
  • Se habilitará un registro de planes de movilidad sostenible al trabajo y los parámetros e indicadores más relevantes de los mismos. 

Además, estos planes deberán ser objeto de seguimiento que permita evaluar el nivel de implantación de las actuaciones y medidas recogidas. Pues en el plazo de dos años desde que aprueben el plan, deberán emitir un Informe de seguimiento sobre el nivel de implantación de las medidas y actuaciones que comprenda el Plan, que se repetirá cada dos años. 

Tendremos que esperar a ver el resultado final una vez se termine la tramitación parlamentaria, aunque todo apunta que se aprobará durante este año 2024 para cumplir el compromiso adquirido de entrada en vigor en 2025. 

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Teresa Fernández-Mejía

Teresa Fernández-Mejía

Controller Jurídico