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La entrada en vigor de la última reforma del Código Penal adapta a nuestro ordenamiento jurídico el concepto de “compliance” y establece una serie de obligaciones para las empresas. Pero ¿qué es exactamente y cómo te afecta?

El término “compliance” hace alusión al cumplimiento de la ley, y en el mundo empresarial se refiere a los mecanismos de control y prevención que implementan las organizaciones para evitar la comisión de delitos en su seno.

La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se reforma el Código Penal entró en vigor el 1 de julio y establece una nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Entre otras medidas, estimula los sistemas de prevención del delito mediante un nuevo modelo de imputación basado en la exención de responsabilidad criminal en aquellos casos en los que la empresa haya adoptado un programa que evite la comisión de hechos delictivos. Esto es el compliance (en inglés, cumplimiento de la ley).

Todo el artículo 31 bis de la nueva ley se dedica a establecer las bases de este tipo de programas, a modo de manuales de prevención que eviten malas prácticas en el seno de las organizaciones y que servirán a las empresas para eximirse de la responsabilidad penal en el caso de que los hayan adoptado y ejecutado con eficacia.

Los modelos de prevención que instauren las empresas deberán cumplir una serie de requisitos:

  • Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben prevenirse.
  • Establecer protocolos para concretar el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y de adopción y ejecución de decisiones.
  • Incluir modelos de gestión de los recursos financieros para impedir la comisión de delitos.
  • Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el cumplimiento del modelo.
  • Establecer un sistema disciplinario.
  • Ser revisados periódicamente cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes, o cuando se produzcan cambios en la organización.

Estos sistemas de prevención podrán ser ejecutados y supervisados por el órgano de administración de las empresas pequeñas (aquellas que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada). En el resto de organizaciones, quedarán en manos de una figura especialmente designada para ello, lo que se conoce como compliance officer o legal controller.

Si la empresa hace sus deberes y establece estos protocolos de prevención podrá por tanto eximirse de responsabilidad penal, siempre que los haya adoptado antes de la apertura del juicio oral en el caso de que se cometiera algún delito en su nombre.

 

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