952 10 14 94

Los canales de denuncia internos deben garantizar que los trabajadores comuniquen las infracciones que se suceden en el contexto de las actividades laborales, que supongan una amenaza o un perjuicio para el interés público.

Las empresas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores quedan vinculadas directamente a la obligación de establecer estos canales de forma más segura, incluso las que tengan una plantilla inferior pero el Estado evalúe un riesgo, pueden verse obligadas a su establecimiento.

La nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo de 23 de octubre, ha querido potenciar la aplicación del Derecho introduciendo canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros y garantizar la protección efectiva de los denunciantes frente a posibles represalias.

Los Estados miembros tienen hasta el 17 de diciembre de 2023 para dar cumplimiento a la obligación de establecer canales de denuncia internos, para ello deberán aprobar nuevas disposiciones más favorables para el denunciante o mejorar las normas ya existentes en esta materia.

Concepto general de la Directiva 2019/1937

Cuando una persona trabaja en una organización pública o privada tiene una posición privilegiada para poder revelar la existencia de infracciones, pero actualmente la protección a los denunciantes en la Unión se encuentra fragmentada entre los Estados miembros y es desigual según los ámbitos.

Esta fragmentación tiene como consecuencia la protección insuficiente de la figura del denunciante.

La nueva Directiva viene a aplicar normas mínimas comunes que garantizan una protección efectiva del denunciante en lo que respecta a los actos y ámbitos en los que sea necesario reforzar la aplicación del Derecho.

La actual escasez de denuncias en cuanto a infracciones del Derecho de la Unión puede llegar a provocar graves perjuicios al interés público.

Para mejorar la aplicación del Derecho deben ser introducidos canales de denuncia interna y externa más seguros y efectivos, además de una prohibición expresa de las represalias contra los denunciantes.

Ámbito de aplicación material

Se quiere proteger al denunciante que informe sobre las siguientes infracciones:

Ámbito general de la Unión

  • Contratación Pública.
  • Servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Seguridad de los productos y conformidad.
  • Seguridad del transporte.
  • Protección del medio ambiente.
  • Protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear.
  • Seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales.
  • Salud pública.
  • Protección de los consumidores.
  • Protección de la privacidad y de los datos personales, seguridad de las redes y de los sistemas de información.

Intereses financieros dentro de la Unión

  • Lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los gastos, la recaudación de ingresos y los fondos o activos de la Unión.

El mercado interior desarrollado en la Unión

  • Proteger el mercado interior eliminando los obstáculos existentes o emergentes a la libre circulación de mercancías o la libre prestación de servicios, así como la supresión de los falseamientos de la competencia.
  • Garantizar la igualdad de condiciones para las empresas en materia de ayudas otorgadas por los Estados.
  • Infracciones relativas al Impuesto sobre sociedades y las prácticas cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal y eludir las obligaciones legales, desvirtuando la finalidad de este impuesto y que afectan negativamente al funcionamiento de este mercado interior.

¿A quién se protege con esta Directiva?

La protección alcanza a los denunciantes que trabajen tanto en el sector privado como en el público, que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral. 

La protección debe aplicarse a los siguientes denunciantes:

En general

  • La persona que tenga la condición de “trabajador”, es decir, a la persona que lleva a cabo, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo su dirección, determinadas prestaciones a cambio de una retribución.
  • Los trabajadores que se encuentren en relaciones laborales atípicas, incluidos trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contrato de duración determinada, así como la persona con un contrato de trabajo o relación laboral con una empresa de trabajo temporal (ETT).
  • Los funcionarios, a los empleados del servicio público, así como cualquier otra persona que trabaje en el sector público.
  • Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
  • Los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración.

En particular

  • Cuando comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenidas en el marco de una relación laboral ya finalizada.
  • Cuando la relación laboral todavía no haya comenzado, y el denunciante haya obtenido la información sobre infracciones durante el proceso de selección o de negociación precontractual.

De forma específica

Las mismas medidas de protección se aplicarán también a:

  • Los facilitadores del a información que recibe el denunciante.
  • Terceros relacionados con el denunciante y que pueden sufrir represalias en el contexto laboral, como compañeros de trabajo o familiares del propio denunciante.
  • Las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier tipo de relación en un contexto laboral.

Canales de denuncia internos

El principio general defendido en esta Directiva es que la información sobre infracciones sea comunicada a través de los canales de denuncia internos efectivos y seguros.

Para la UE estos canales permiten que la información llegue rápidamente a quienes están más próximos a la fuente del problema y tienen más posibilidades de investigarlo y competencias para remediarlo.

Europa quiere que al denunciante se le garantice que la infracción va a ser tratada de manera efectiva dentro de la correspondiente organización y, que no hay riesgo de represalias.

Los Estados miembros deberán promover la comunicación a través de canales de denuncia interna antes que la comunicación a través de canales de denuncia externa, siempre que la infracción pueda tratarse internamente de manera efectiva y siempre que el denunciante considere que no hay riesgo de represalias.

La nueva Directiva establece como obligación a cumplir por las entidades jurídicas de los sectores privado y público el deber de proporcionar información apropiada relativa al uso de estos canales de denuncia.

¿Quién gestiona internamente estos canales?

Las entidades jurídicas de los sectores privado y público deben establecer procedimientos internos adecuados para la recepción y el seguimiento de denuncias.

El fin perseguido es contribuir a fomentar una cultura de buena comunicación y responsabilidad social empresarial en las organizaciones, en virtud de la cual se considere que los denunciantes contribuyen de manera significativa a la autocorrección y la excelencia dentro de la organización.

La elección de las personas o de los departamentos de una entidad jurídica del sector privado más adecuados para encomendarles la recepción y seguimiento de las denuncias dependerá de la propia estructura de la entidad, pero, en cualquier caso, su función debe permitir garantizar la independencia y la ausencia de conflictos de intereses.

Cuando una entidad sea de menor tamaño, podría encargarse de la gestión un ejecutivo de la sociedad bien situado para comunicarse directamente con la dirección de la entidad, por ejemplo, un responsable de cumplimiento normativo o de la privacidad, un responsable financiero, un responsable de auditoría o un miembro del consejo de administración.

Secreto profesional

La persona responsable de tratar denuncias debe cumplir con el deber de secreto profesional y confidencialidad a la hora de transmitir los datos.

Sanciones penales, civiles o administrativas ante las represalias

La Unión considera necesario el establecimiento de sanciones penales, civiles o administrativas para garantizar la eficacia de las normas sobre protección de los denunciantes.

Las sanciones contra quienes tomen represalias u otras acciones prejudiciales contra los denunciantes pueden desalentar a que tales acciones se sucedan.

Asimismo, también son necesarias sanciones contra las personas que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones cuando se demuestre que lo hicieron a sabiendas de su falsedad, para impedir así nuevas denuncias y preservar la credibilidad del sistema.

Ahora bien, guardar la proporcionalidad en estas sanciones será muy importante, para así evitar el efecto disuasorio en los denunciantes potenciales.  

Los #canalesdedenuncia internos más efectivos quieren garantizar a los trabajadores que comuniquen las #infracciones #laborales más #seguridad #empresas #represalias Clic para tuitear

¿Quiénes están obligados a establecer los canales de denuncia internos?

Las entidades jurídicas de los sectores privado y público, previa consulta a los interlocutores sociales y de acuerdo con ellos cuando así lo establezca el Derecho nacional.

Sector privado

  • Tienen obligación de establecer canales de denuncia internos, las entidades jurídicas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores.
  • Incluso, tras una adecuada evaluación del riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las entidades, en particular, pare el medio ambiente y la salud pública, los Estados miembros podrán exigir que las entidades jurídicas del sector privado con menos de 50 trabajadores, también establezcan canales y procedimientos de denuncia internos.

Sector público

  • Esta obligación vincula a todas las entidades jurídicas del sector público.
  • Ahora bien, los Estados miembros pueden eximir de esta obligación a los municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores.

También podrán prever que varios municipios compartan canales de denuncia interna o que estos canales de denuncia interna compartidos estén diferenciados y sean autónomos de los canales de denuncia externa.

¿Cuál es el procedimiento de denuncia?

  • La existencia de un Canal que reciba la denuncia, diseñado y gestionado de forma segura, garantizando la confidencialidad.
  • La emisión de un acuse de recibo de la denuncia al denunciante, en el plazo de 7 días desde la recepción.
  • Designación de una persona o departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias.
  • El seguimiento diligente por la persona o el departamento designado.
  • Un plazo razonable para dar respuesta, que no será superior a 3 meses a partir del acuse de recibo o, de no remitirse un acuse, a 3 meses a partir del vencimiento del plazo de 7 días después de hacerse la denuncia.
  • Facilitar información clara sobre los procedimientos de denuncia externa ante las autoridades competentes.
  • La denuncia puede hacerse de forma escrita: por correo, buzón físico o plataforma en línea (ya sea en la intranet o en internet).
  • La denuncia puede hacerse verbalmente, será posible por vía telefónica o a través de otros sistemas de mensajería de voz.
  • Previa solicitud del denunciante, dichos canales deben también permitir denunciar mediante la celebración de reuniones presenciales, en un plazo razonable.
  • También se puede autorizar a terceros a recibir denuncias de infracciones en nombre de entidades jurídicas de los sectores privado y público, siempre que ofrezcan garantías adecuadas de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto.
  • Los terceros autorizados a recibir denuncias pueden ser: proveedores de plataformas de denuncia externa, asesores externos, auditores, representantes sindicales o representantes de los trabajadores.

Hay que informar al denunciante del seguimiento de la denuncia

En la medida de lo jurídicamente posible y de la manera más completa hay que informar al denunciante sobre el seguimiento de la denuncia.

Para la UE es muy importante generar confianza en la eficacia del sistema de protección de los denunciantes y reducir la probabilidad de que se produzcan nuevas denuncias o revelaciones públicas innecesarias.

La falta de confianza en la eficacia de las denuncias es uno de los principales factores que desalientan a los denunciantes, de ahí la necesidad de que las denuncias sean seguidas con diligencia y obtengan respuesta en un plazo razonable.

En la respuesta y en relación a las medidas previstas, puede estar la remisión a otra autoridad, el archivo del procedimiento por falta de pruebas suficientes o la puesta en marcha de una investigación.

Los Estados miembros deberán garantizar que exista un registro adecuado por lo que respecta a todas las denuncias de infracciones, que todas puedan ser consultadas y que la información facilitada en ellas pueda utilizarse como prueba si se procede a medidas de ejecución.

Garantizar la protección del denunciante

Para denegar la protección e impedir las denuncias o penalizar a los denunciantes, las empresas no podrán ampararse en las obligaciones legales o contractuales de las personas, como las cláusulas de fidelidad o los acuerdos de confidencialidad y no revelación.

Siempre que concurran las condiciones necesarias, los denunciantes no incurrirán en responsabilidad alguna, ya sea civil, penal, administrativa o laboral.

La protección no se hará extensiva a la información superflua que la persona hubiera revelado sin tener dichos motivos fundados.

Europa prohíbe de represalias

Todas las formas de represalias contra las personas que denuncien deben ser prohibidas por los Estados miembros, incluidas las amenazas de represalias y las tentativas de represalias, en particular las que revisten las siguientes formas:

  • Suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes.
  • Degradación o denegación de ascensos.
  • Cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio de horario de trabajo.
  • Denegación de formación.
  • Evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales.
  • Imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias.
  • Coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
  • Discriminación, o trato desfavorable o injusto.
  • No conversión de un contrato de trabajo temporal en indefinido, cuando el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido.
  • No renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal.
  • Daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales, o pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos.
  • Inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial.
  • Anulación de una licencia o permiso.
  • Referencias médicas o psiquiátricas del denunciante.

Los canales de denuncia externos

Las personas también pueden denunciar externamente ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos y organismo de la Unión.

Esta nueva directiva también concede protección en los casos en que el Derecho de la Unión o nacional exija a los denunciantes que se dirijan a las autoridades nacionales competentes, por ejemplo, en el marco de sus deberes y responsabilidades laborales o porque la infracción constituye un delito.

Transposición y período transitorio de esta directiva

Para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2019/1937, los Estados miembros cuentan con los siguientes plazos:

  • Los Estados miembros pondrán en vigor estas disposiciones, a más tardar el 17 de diciembre de 2021.
  • Las entidades jurídicas del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, a más tardar el 17 de diciembre de 2023, para dar cumplimiento a la obligación de establecer canales de denuncia internos.

Referencia normativa

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Otros artículos de interés

Photo by François Genon on Unsplash

Comparte en:

Veronica Cruz Tro de Audiolís

Controller Jurídica en Audiolís. Abogada experta en laboral y fiscal. Webinars, ebooks, artículos y contenido en vídeo.