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El 12 de marzo de 2021 se publicó el Real Decreto – Ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Así, se aprobaron cuatro medidas directas en apoyo a los autónomos, empresas, reestructuración de deuda, recapitalización y la modernización de la normativa concursal. El fin único era favorecer la continuidad de la actividad empresarial. La Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, viene a concretar los criterios para la asignación de la línea de ayudas COVID directas a autónomos y empresas.

Línea de ayudas COVID a autónomos y empresas

En el título I del mencionado Real Decreto – Ley se regula la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. En total, 7.000 millones de euros en apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. El objetivo es facilitar la realización de los pagos a proveedores y acreedores, financieros y no financieros. También con los costes fijos incurridos y considerados elegibles. Se establece la ayuda siempre que se hubieran devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, Además, que procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.

Se requería respetar el orden de antigüedad en la satisfacción de los pagos con la reducción del nominal de la deuda bancaria. También que el autónomo (empresarios y profesionales) y las empresas, además de afectadas por la pandemia, tuvieran su domicilio fiscal en territorio español o entidades no residentes que operen en España con un establecimiento permanente.

Con la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, se procede a concretar las cuestiones necesarias para la aplicación del título I del Real Decreto – Ley 5/2021. Especialmente en relación con los requisitos de elegibilidad y de los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda.

Requisitos y criterios a cumplir por los destinatarios de las ayudas

Los requisitos establecidos para acceder a la línea de ayudas COVID son los siguientes:

  • El empresario o profesional que solicite la ayuda deberá haber realizado durante los años 2019 y 2020. Con al menos una de las actividades previstas en los códigos de la CNAE enumerados en el Anexo I del Real Decreto -Ley 5/2021. Además, deben continuar con su ejercicio en el momento de la solicitud.

  • Si se trata de grupos, bien la entidad dominante o cualquiera de las entidades dominadas, habrá debido realizar y continuar desarrollando al menos una de las actividades previstas en los códigos de la CNAE como actividad principal. Como ya se estableciera en el artículo 3.4 del Real Decreto – Ley 5/2021, los grupos pueden presentar sus solicitudes de ayudas en los diferentes territorios en los que operen.

  • Las entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF podrán solicitar las ayudas cuando cumplan las condiciones para ello.

Aclaraciones

La beneficiaria directa de la ayuda será la entidad solicitante y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes.

Cuando resulte de aplicación el artículo 3.2.b) del Real Decreto – Ley 5/202, las magnitudes a considerar en la determinación de la ayuda se calcularán en sede de la entidad. Aquí se enmarcan empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual en el IVA o tributo directo equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto del año 2019.

El número de empleados, un máximo de 10 o más de 10, se calculará teniendo en cuenta el número medio en 2020 de preceptores de rendimientos dinerarios del trabajo. Serán los consignados en las declaraciones mensuales o trimestrales, de retenciones e ingresos a cuenta (modelo 111).

Ahora bien, no será posible aplicar simultáneamente a un beneficiario las letras a) y b) del artículo 3.2 del Real Decreto -Ley 5/2021. Prevalecerá la letra a). Esta regla se aplica incluso cuando se haya renunciado al régimen de estimación objetiva para 2021.

El límite máximo de la ayuda a recibir según lo establecido en la letra a) es de 3.000 euros, para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva del IRPF.

Determinar el volumen de operaciones de los años 2019 y 2020

En este apartado, diferenciamos entre dos supuestos:

  1. Cuando el solicitante de la ayuda realice una actividad de comercio minorista.

Si la actividad desarrollada es de comercio minorista y está determinada mediante régimen de estimación directa en el IRPF. Siempre aplicando el empresario o profesional por dicha actividad el régimen especial del recargo de equivalencia en el IVA o tributo equivalente. En este caso, se entenderá que el volumen de operaciones en el ejercicio de 2019 lo constituye la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables. De esta forma, se contabilizarán los procedentes de la actividad económica minorista. Deben estar incluidos en la declaración del IRPF correspondiente a 2019.

Mientras que, el volumen de operaciones en el ejercicio 2020, será la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados del ejercicio 2020

2. Cuando el solicitante tenga domicilio fiscal en las ciudades de Ceuta y Melilla. También aquel que realice operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica de IVA y no aplique el régimen de estimación objetiva en el IRPF en 2019 y 2020, el volumen de operaciones lo compone:

  • Para contribuyentes del IRPF, la información sobre la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica. Deben estar incluidos en su declaración del Impuesto en 2019. Así como la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica. También incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados correspondientes a 2020.

  • Para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. La información sobre la base imponible previa declarada en el último pago fraccionado de los años 2019 y 2020, respectivamente. En el supuesto de que dichos pagos fraccionados se calculen según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Normativa aplicable

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Verónica Cruz

Veronica Cruz de Audiolís

Controller Jurídica en Audiolís. Abogada experta en laboral y fiscal.