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El Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones introdujo la obligación de cotización de los becarios a partir de octubre de 2023, ampliado por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio al próximo 1 de enero de 2024.

No obstante, antes de su entrada en vigor dicha normativa se ha vuelto a modificar por el Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre. 

¿Cómo afecta la entrada en vigor de los Reales Decretos-leyes 2/2023, de 16 de marzo y 8/2023 de 27 de diciembre, a las empresas? 

Estas normas han modificado la Disposición Adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social, incluyendo la obligación de cotización para becarios, tanto si realizan prácticas formativas o académicas externas remuneradas como no remuneradas, estableciendo expresamente los alumnos en prácticas que habrá que dar de alta en Seguridad Social, comprendiendo: 

a) Las realizadas por alumnos universitarios de grados, máster, doctorado, títulos propios de la universidad, diplomas de especialización o de experto.  

b) Las realizadas por el alumnado de formación profesional, siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva

Se incluirán como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social, salvo que la práctica o formación se realice a bordo de embarcaciones, en cuyo caso la inclusión se realizará en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 

Esto significa que, a partir del 1 de enero de 2024, las empresas, entidades e instituciones, que admitan personas para realizar sus prácticas con titulaciones académicas y de Ciclos de Formación Profesional, tendrán que proceder al alta en Seguridad Social y cotizar por el tiempo de realización de estas.

Despejando las dudas sobre el coste y la cotización de los becarios

Como adelantábamos, esta norma ha generado una gran incertidumbre, no sólo respecto de las personas que quedan incluidas sino también en el contenido de la acción protectora y el coste que va a generar a las empresas y centros. Por ello, tanto la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social como la Subdirección General de Formación han dictado una serie de circulares que han venido a aclarar la gran cantidad de dudas surgidas.  

Respecto del ámbito subjetivo de aplicación, la TGSS ha realizado una serie de matizaciones en las personas que quedan incluidas y las que, por el contrario, van a quedar excluidas. 

Como indicamos, se establece expresamente que quedan incluidos

a) Las realizadas por alumnos universitarios de grados, máster, doctorado, títulos propios de la universidad, diplomas de especialización o de experto.  

b) Las realizadas por el alumnado de formación profesional, siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva.  

c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio.

Esta regulación sólo afectaría a las practicas realizadas en el ámbito de la formación universitaria y de formación profesional. Entendiendo por formación profesional la regulada por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, que incluye los títulos de formación profesional del sistema educativo, y la formación profesional acreditable de grados a), b) y c), vinculada a certificados profesionales (certificados de profesionalidad), regulada en dicha ley. 

¿Cuándo no aplica esta obligatoriedad de cotización de las personas en prácticas?

No se aplicará esta obligación cuando se trate de la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas vinculadas a acciones formativas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (formación en el trabajo) vinculadas al Catálogo de Especialidades Formativas, no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad. 

Por tanto, no se encontrarán incluidos en el ámbito de aplicación:

  1. Alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.
  2. Situación asimilada al alta con obligación de cotizar.
  3. Personas que tengan la obligación de cotizar a efectos de prestaciones.
  4. Pensionistas por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social en modalidad contributiva y no contributiva.

Habida cuenta de que se trata del personal que, estando en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado o máster universitarios o equivalente, desarrolla su formación en los términos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, mediante la modalidad del contrato predoctoral previsto en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la tecnología y la Innovación.

Respecto de las personas extranjeras por arraigo para la formación que cursen un certificado de profesionalidad que conlleva un módulo de prácticas no laborales, si en el momento de tener que realizar el módulo de formación práctica, por plazos de matriculación, tiempos de tramitación u otros motivos, no disponen ni del NIE ni de la autorización de residencia que les permita convertirse en cotizantes a la Seguridad Social. 

A tales efectos, la matriculación en las prácticas correspondientes deberá realizarse en un plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión de la autorización de residencia y una vez superada la formación, y durante la vigencia de la autorización de residencia, el interesado podrá presentar la solicitud de residencia y trabajo ante la Oficina de Extranjería.

[9:40] Teresa Fernández-Mejía Campos

Para las personas que quieran acceder al arraigo para la formación cursando un Certificado de Profesionalidad y vayan a realizar las prácticas no laborales, tendrán obligación de cursar el Alta en Seguridad Social si a la fecha que vayan a realizarlas disponen de la Autorización de Residencia en los términos del artículo 124 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

Por lo que respecta a los estudiantes extracomunitarios en prácticas que no tienen permiso de trabajo, pero tiene visado para estudios, se considera que quedarían incluidos dentro del ámbito de aplicación de la referida disposición adicional quincuagésima segunda del TRLGSS, siempre y cuando:

  • dichos estudiantes se desplacen temporalmente a España y se matriculan en una Universidad o centro español,
  • y, como consecuencia de dicha matriculación, realizan prácticas en España en los términos y condiciones establecidos en la referida disposición adicional quincuagésima segunda del TRLGSS.

En cuanto a la posibilidad de dar de alta a los referidos estudiantes, se considera que podrá tramitarse el alta en el Régimen General de la Seguridad Social, cuando residan o se encuentren legalmente en España en el momento del alta, según establece en citado artículo 42 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero; y ello aunque no dispongan de autorización previa para trabajar.

Respecto de los estudiantes nacionales en prácticas sin contrato laboral, deberán tramitar el alta en Seguridad Social, sin que deba aportarse contrato laboral. 

El Real Decreto-ley 8/2023 ha aclarado el régimen transitorio aplicable a quienes en el momento de entrada en vigor de dicho precepto ya estuvieran realizando sus prácticas, lo que planteaba importantes dudas interpretativas, previendo de forma expresa que, a las prácticas reguladas en dicho precepto, «iniciadas y no concluidas antes del día 1 de enero de 2024, les resultará de aplicación el régimen jurídico previsto en la citada disposición adicional únicamente desde dicha fecha». 

Con esta previsión, queda claro que el alumnado que en el momento de la entrada en vigor de la DA 52ª TRLGSS ya se encontraba desarrollando sus prácticas le serán de aplicación las previsiones recogidas en dicho precepto a partir del 1 de enero de 2024.  

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Teresa Fernández-Mejía

Teresa Fernández-Mejía

Controller Jurídico