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Por Acuerdo de Consejo de Ministros han sido reguladas las competencias de la Gestora encargada de la movilización de los recursos y liquidación del Fondo de Recapitalización para las empresas afectadas por la COVID-19, así como,  la composición, competencias y funcionamiento del Comité Técnico de inversiones. La resolución de 15 de junio de 2021, ha venido a establecer los criterios básicos de elegibilidad de las empresas y los requisitos a cumplir en las operaciones que se financien con cargo al Fondo.

¿Cuándo fue creado el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19?

Tenemos que hacer un poco de memoria. En el mes de marzo del presente año tenía lugar la aprobación de una nueva inversión pública en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas de mediano tamaño (un importe neto de la cifra de negocios de entre 15 y 400 millones de euros a nivel consolidado) que, no teniendo problemas de viabilidad con anterioridad a la crisis del COVID-19 y, siendo viables a medio y largo plazo con un modelo de negocio idóneo, se estaban viendo afectadas por los efectos de la pandemia en sus balances y en sus mercados.

El artículo 17 del Real Decreto – Ley 5/2021, de 12 de marzo, creaba el “Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, fondo carente de personalidad jurídica”, gestionado por COFIDES S.A., S.M.E., empresa con capital público – privado.

Con este Fondo se ponían en marcha instrumentos financieros con los que apoyar a las empresas de cualquier sector y con sede social en España, que atraviesan por dificultades temporales, tales como:

  1. Préstamos ordinarios.
  2. Préstamos participativos.
  3. Préstamos capital.
  4. U otros.

¿Quién va a estudiar la viabilidad de las empresas para la concesión de este apoyo?

COFIDES S.A., S.M.E., llevará a cabo todas las acciones relativas a la gestión del Fondo de recapitalización, siendo el Comité Técnico de Inversiones, el órgano al que se encomienda el control y seguimiento de las operaciones del Fondo, así como la aprobación para realizarlas.

La actuación de este Comité implica la realización de un análisis previo de viabilidad y riesgo al que se supedita la concesión del apoyo público temporal.

*Anexo I Resolución de 15 de junio de 2021

¿Cómo ser beneficiario de este apoyo público temporal?

El inicio del procedimiento para la utilización del Fondo se supedita a que exista previamente solicitud expresa por escrito de la empresa dirigida a la Gestora (COFIDES).

¿Qué competencias y funciones tiene la Gestora del Fondo?

La competencia general atribuida a la Gestora es llevar a cabo todas aquellas acciones precisas para el buen funcionamiento del Fondo de Recapitalización, suministrando al Comité Técnico toda la información y documentos que solicite.

Además, de forma particular, la Gestora del Fondo tendrá las siguientes competencias y funciones:

  1. Recibir, estudiar y evaluar las solicitudes de financiación con cargo al Fondo.
  2. Solicitar del Comité Técnico de Inversiones la aprobación para realizar las operaciones que haya considerado viables.
  3. Suscribir y ejecutar, en nombre propio y con cargo al Fondo, los contratos previamente aprobados por el Comité Técnico de Inversiones.
  4. Efectuar el seguimiento de las operaciones realizadas con cargo al Fondo e informar al Comité Técnico periódicamente.
  5. Proponer, las personas que deban ser nombradas consejeros.
  6. Fijar la posición de la Administración General del Estado en el ejercicio de los derechos y facultades que le correspondan por su participación en el capital social de las compañías participadas con cargo al Fondo.
  7. Actuar como depositaria de los contratos suscritos.
  8. Realizar los cobros y pagos derivados de las operaciones formalizadas con cargo al Fondo.
  9. Solicitar al Comité la aprobación para llevar a cabo las renegociaciones, las desinversiones o liquidaciones de las operaciones formalizadas con cargo al Fondo.
  10. Ejercitar las acciones legales oportunas en defensa de los intereses públicos.
  11. Proponer al Comité el sometimiento a arbitraje u otro medio de resolución de conflictos de las contiendas que se susciten respecto de las operaciones financiadas.
  12. Proponer al Comité un procedimiento para el correcto funcionamiento del Fondo y el control de su riesgo.
  13. Registrar todas las operaciones realizadas.
  14. Elaborar los presupuestos anuales del Fondo.
  15. Aprobar las cuentas del Fondo y remitirlas al Comité Técnico.
  16. Colaborar en el reporte a la Comisión Europea en los términos que exija la normativa aplicable.

*Anexo III Resolución de 15 de junio de 2021

¿Cuáles son los cuatro extremos que verificará la Gestora del Fondo?

La Gestora del Fondo verificará, directamente o con ayuda de expertos externos, que:

  • La empresa solicitante padece dificultades de solvencia temporales para asegurar los puestos de trabajo, mantener y potenciar su tejido productivo y fomentar la competitividad de la economía española.

  • La empresa solicitante no tenía problemas de viabilidad antes de la COVID-19, es decir, la cifra de negocios anual a nivel consolidado a 31 de diciembre de 2019 estaba entre 15 y 400 millones de euros, según informe de auditoría de sus cuentas anuales a 31 de diciembre de 2019.

  • La empresa solicitante pueda demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, presentando junto a su solicitud un Plan de Viabilidad que le permita superar esta situación de crisis, además de, demostrar que su estructura de endeudamiento es sostenible con este apoyo público y que, en caso de no recibirlo, tendría que cesar su actividad.

  • La empresa solicitante no pueda conseguir financiación en el mercado en condiciones asequibles para garantizar su viabilidad.

¿Qué forma pueden tomar estas operaciones de apoyo público?

Dos formas en general:

  1. Cualesquiera instrumentos de capital y/o híbridos de capital:
  • Concesión de préstamos participativos (no tendrán una duración superior a 8 años desde la creación del Fondo).
  • Suscripción/adquisición de acciones o participaciones sociales
  • Cualquier otro instrumento de capital.

2. Como complemento a los instrumentos de capital y/o híbridos de capital recogidos en el apartado anterior, cuales quiera otras facilidades crediticias:

  • El otorgamiento de préstamos o la suscripción de deuda, ordinaria o subordinada, asegurada o sin garantías (la duración máxima será de 6 años desde el primer reembolso).

En ningún caso estos instrumentos podrán ser utilizados para la amortización anticipada de cuotas de principal o pago de intereses de deudas contraídas con terceros financiadores.

La empresa que quiera ser beneficiara de este apoyo público temporal no puede haber solicitado la declaración de concurso voluntario, ni tener deudas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, ni constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019.

*Anexo II Resolución de 15 de junio de 2021

¿Qué objetivo se persigue?

El objetivo perseguido con estas operaciones de apoyo público temporal es que las empresas mejoren su perfil de riesgos y su viabilidad, asegurando los puestos de trabajo y el mantenimiento del tejido productivo.

Pero debemos tener claro que, este Fondo, no es un instrumento de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19.

¿Qué importe tendrán las operaciones financiadas?

Las operaciones financiadas con cargo al Fondo de Recapitalización tendrán un importe de entre 4 millones de euros y 25 millones de euros por beneficiario.  

Dicho intervalo será de entre 3 millones de euros y 15 millones de euros en el caso de que el beneficiario sea una PYME.

Este apoyo público temporal será prestado sólo bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, tal y como hemos expuesto.

*Anexo II Resolución de 15 de junio de 2021

Tres supuestos de distribución

  1. En el caso de los instrumentos de deuda, el importe máximo de apoyo público no podrá superar estos límites:
  • El doble de los costes salariales anuales del beneficiario a 2019 o último año disponible (incluidas las cargas sociales).
  • El 25 % del volumen de negocios total del beneficiario a 2019.

2. En el caso de deuda subordinada, si su importe superara 2/3 de la masa salarial anual del beneficiario o el 8,4 % del volumen de negocios anual del beneficiario en 2019 (coste salarial anual y 12,5 % del volumen de negocios para PYME), el importe máximo de apoyo será el mínimo necesario para asegurar la viabilidad de la empresa.

3. En el caso de instrumentos de capital o híbridos de capital, el importe máximo de apoyo será el mínimo necesario para asegurar la viabilidad de la empresa, y no podrá implicar una mejora de la estructura de capital de la empresa beneficiaria en relación con la registrada a 31 de diciembre de 2019.

A la hora de analizar la proporcionalidad del apoyo público temporal, se tendrá en cuenta la ayuda estatal recibida o prevista por el beneficiario a través de otras modalidades como garantías sobre préstamos.

¿Hasta cuándo podrán otorgarse estas operaciones?

Las operaciones de apoyo público temporal podrán otorgarse hasta:

  1. El 31 de diciembre de 2021, o
  2. La fecha posterior que pudieran disponer el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, autorizado por la Decisión de la Comisión Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, y sus sucesivas modificaciones.

Por ello, es importante recordar que, la concesión de apoyos a cargo de este Fondo está supeditada a la previa declaración de compatibilidad del presente régimen con el mercado interior por la Comisión Europea.

¿Habrá control de la transparencia?

Se establece el siguiente control de transparencia:

  1. El Estado hará pública la información pertinente sobre cada apoyo público temporal individual concedido con cargo al Fondo en los plazos y forma previstos por la normativa sobre ayudas de Estado.

2. En el caso de grandes empresas, publicarán en sus portales corporativos información sobre la utilización del apoyo público temporal recibida en un plazo de doce meses desde la fecha de concesión del apoyo público temporal.

3. La Gestora informará con carácter trimestral al Comité Técnico de Inversiones de la actividad del Fondo en el trimestre precedente.

4. El Estado informará anualmente a la Comisión Europea sobre la concesión de apoyos públicos temporales con cargo al Fondo y, específicamente en el caso de instrumentos de capital o híbridos de capital, se informará también de forma anual sobre la aplicación del calendario de reembolsos y el cumplimiento de las condiciones establecidas sobre gobernanza y mantenimiento de competencia.

Normativa aplicable

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Verónica Cruz

Veronica Cruz de Audiolís

Controller Jurídica en Audiolís. Abogada experta en laboral y fiscal.