952 10 14 94

La ayuda de acompañamiento, que mantiene temporalmente su vigencia, debe ser gestionada por las Comunidades Autónomas, conforme a lo indicado por el Tribunal Constitucional.

Según STC nº 133/2019, de 13 de noviembre, no ha quedado justificada la concurrencia de circunstancias excepcionales que den lugar a la gestión estatal de la ayuda de acompañamiento para jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil que suscriban un contrato de formación.

Han sido declarados inconstitucionales y nulos algunos apartados e incisos de la Disposición adicional centésima vigésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, relativos al “Servicio Público de Empleo Estatal”.

Origen de la ayuda de acompañamiento

La Disposición adicional centésima vigésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, creó y reguló una medida de activación e inserción laboral denominada ayuda económica de acompañamiento, dirigida a los inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil con baja formación y que suscribieran un contrato para la formación.

El sistema nacional de garantía juvenil se constituyó como un programa de fomento de empleo, creado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, e integrado en el ámbito de las políticas activas de empleo.

Su gestión fue atribuida al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en similitud con otras ayudas de protección por desempleo y activación del empleo.

Derogación modulada o vigencia temporal de la ayuda de acompañamiento

Esta Disposición adicional era derogada por la Disposición derogatoria única, apartado segundo e), del Real Decreto – Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia laboral, social y de empleo.

En esta nueva Sentencia el Tribunal nos recuerda el régimen temporal otorgado a la ayuda de acompañamiento por real decreto – ley 28/2018.

Esta ayuda sólo es mantenida para tres supuestos, en los que la gestión continúa correspondiendo al SEPE de forma centralizada y, subsistiendo por ello, el conflicto de distribución de competencias dentro del marco constitucional.

Tres supuestos en los la ayuda de acompañamiento está vigente

La Disposición Transitoria Octava del Real Decreto – Ley 28/2018 ha mantenido temporalmente en vigor la ayuda de acompañamiento sólo en tres supuestos:

  • Para quienes, a la entrada en vigor del real decreto- ley (1 de enero de 2019), ya tuvieran la condición de beneficiarios.
  • A quienes la hubieran solicitado antes de la esa fecha y tuvieran derecho a obtenerla.
  • A quienes, antes de la entrada en vigor de este real decreto – ley, hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje que dé derecho a la obtención de la ayuda y, reuniendo los requisitos necesarios, la soliciten.

El reconocimiento del derecho a la percepción de las ayudas para estos tres colectivos se hace sin alterar el régimen de gestión regulado en la Disposición adicional centésima vigésima LPGE 2018, es decir, sigue siendo el SEPE el encargado de gestionar la ayuda para estos tres supuestos.

Con la aprobación del real decreto – ley 28/2018 se siguió pagando periódicamente a los ya beneficiarios, así como tramitando y resolviendo las solicitudes que se sucedían.

Argumentos del Abogado del Estado

El abogado del Estado presentó las alegaciones al recurso de inconstitucionalidad núm. 1974- 2019 con fecha 13 de junio de 2019.

Defiende que el sistema nacional de garantía juvenil deriva de políticas europeas, está cofinanciado con cargo a la iniciativa de empleo juvenil y el fondo social europeo.

Argumenta que, una gestión centralizada trata de asegurar que ningún tipo de dificultad financiera ponga en riesgo el abono en tiempo y forma de las ayudas por razón del territorio.

Justifica que, en el contexto de la situación económica actual, de limitaciones presupuestarias, y ante el enorme drama social y personal que supone el desempleo juvenil, esté justificada la gestión centralizada de estas ayudas.

El abogado del Estado considera que la ayuda de acompañamiento debe estar encuadrada en el artículo 149.1.17 de la Constitución Española, y subsidiariamente el artículo 149.1.13 CE.

Concluye sus alegaciones bajo la afirmación de la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifican la gestión centralizada de estas ayudas.

Argumentos del Gobierno Vasco

Consideran vulneradas las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Para el Gobierno Vasco la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de las funciones de gestión de la ayuda de acompañamiento para jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil que suscriben un contrato de formación, vulnera el artículo 10.25 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV).

Invocan la doctrina constitucional que reconduce las medidas de fomento del empleo al ámbito del artículo 149.1.13 de la Constitución Española y, defienden que la atribución al SEPE se aparta de la propia doctrina recogida en las SSTC 100/2017, de 2 de julio, 153/2017, de 21 de diciembre, y 156/2017, de 21 de diciembre.

La #ayudadeacompañamiento, que mantiene temporalmente su vigencia, será gestionada por las #ComunidadesAutónomas, según #Sentencia del #TribunalConstitucional. Clic para tuitear

Controversia competencial

Se plantea ante el TC una controversia competencial ceñida al régimen de gestión de la ayuda de acompañamiento.

Se exige que el TC examine el fondo de esta controversia y se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de una lesión competencial.

Es importante recordar que, este Tribunal ya se había pronunciado específicamente sobre el encuadramiento competencial de las medidas que conforman el sistema nacional de garantía juvenil, enmarcándolo en el artículo 149.1.13 CE (STC 69/2018, de 21 de junio).

Valoraciones del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional considera que, para garantizar la efectividad de esta ayuda y la homogeneidad en su disfrute, no resulta imprescindible que el Servicio Público de Empleo Estatal tenga las funciones ejecutivas de concesión.

Que la cofinanciación sea europea no constituye una circunstancia que altere el reparto competencial en el orden interno, que la gestión se atribuya a las CCAA no significa que se creen diferencias en la percepción de las ayudas por razón del territorio ni que se ponga en riesgo el abono en tiempo y forma a sus beneficiarios.

Tras su análisis, el Tribunal considera que no se ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que puedan dar lugar a la gestión estatal de la ayuda de acompañamiento.

Nos recuerda a su vez que, el correcto funcionamiento del sistema autonómico depende en buena medida de que el Estado y las comunidades autónomas desarrollen fórmulas racionales de cooperación, acuerdo o concertación.

Conclusión

El TC impone la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los apartados o incisos impugnados de la disposición adicional centésima vigésima LPGE 2018 que, atribuyen al SEPE la gestión de la ayuda de acompañamiento para jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil que suscriban un contrato de formación.

Para el Tribunal Constitucional la gestión de la ayuda de acompañamiento compete igualmente a la Comunidad Autónoma.

Incurren en este motivo de inconstitucionalidad

  • Que el pago periódico de la ayuda económica se realice por… del apartado 4.6 el inciso “El Servicio Público de Empleo Estatal”.
  • Que los jóvenes beneficiarios deberán presentar la solicitud de la ayuda económica de acompañamiento prevista en el apartado cuarto… del apartado 5.2 el inciso “en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal que le corresponda por su domicilio”.
  • El apartado 5.2 “El impreso para la solicitud de dicha ayuda económica de acompañamiento se obtendrá de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es.”
  • El apartado 6.1 “Corresponde a los Directores Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal dictar la resolución que reconozca o deniegue el derecho a la admisión a la ayuda económica de acompañamiento”.
  • Que las resoluciones dictadas serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social… del apartado 6.3 el inciso “previa reclamación ante el Servicio Público de Empleo Estatal”.
  • El apartado 7.3 “La exigencia de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, así como las compensaciones en las prestaciones por desempleo de las cantidades indebidamente percibidas por cualquiera de dichas percepciones, corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal”.

Regulación Normativa

Otros artículos de interés

Photo by Wojciech Portnicki on Unsplash

Comparte en:

Veronica Cruz Tro de Audiolís

Controller Jurídica en Audiolís. Abogada experta en laboral y fiscal. Webinars, ebooks, artículos y contenido en vídeo.