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La pandemia por COVID-19 que estamos sufriendo desde el pasado año, ha conllevado que muchas empresas y autónomos se vean directamente afectados en su actividad económica, dejando una huella negativa en sus ingresos, liquidez y solvencia. Esta situación ha mermado su capacidad para afrontar sus obligaciones, tanto tributarias como no tributarias. Debido a esta secuela, nos encontramos con beneficiarios de ayudas y préstamos otorgados por la Administración General del Estado, incapacitados para hacer frente a las cuotas vencidas. Para ayudar a este colectivo, el Gobierno ha aprobado el aplazamiento o fraccionamiento de deuda pública para autónomos y empresas.

Facilitar el pago de la deuda pública

El Gobierno se ha marcado dar un impulso extra en las medidas adoptadas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de carácter no tributario y, preservar de esta manera el ámbito productivo y garantizar así el mantenimiento del empleo y la actividad. Para ello, ha aprobado un procedimiento excepcional y temporal, en el Real Decreto-Ley 6/2021, para los ejercicios 2021 y 2022, de concesión de aplazamientos y/o fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras. De esta forma, serán las gestionadas por parte de las Delegaciones de Economía y Hacienda, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o préstamos con dispensa de garantía, concedidos por la Administración General del Estado.

Un año después de la declaración del estado de alarma en nuestro país, se aprobó el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. En el mismo, se establecían cuáles eran los sectores más afectados, a los que se dirigirían las ayudas recogidas en este Real Decreto-ley, en base a unos criterios objetivos a nivel nacional. Así se establecieron el porcentaje de trabajadores en ERTE en cada sector y el porcentaje de reincorporación de trabajadores en ERTE al mercado laboral en cada sector desde mayo de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021, dejando con ello a sectores particularmente muy afectados en algunas regiones que no superaban a nivel nacional los umbrales fijados fuera del ámbito de estas ayudas.

Situación en Ceuta y Melilla

Este distintivo regional es lo que ha dado lugar a que se modifique el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021 y se habilite a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a que:

– Por un lado, tengan un margen de flexibilidad para que puedan añadir, al listado de sectores beneficiarios de la Línea COVID de ayudas, otros sectores adicionales que hayan sido particularmente afectados en el ámbito de su territorio.

– Y, de otro lado, podrán otorgar de manera excepcional, ayudas a empresas viables que en 2019 hayan tenido un resultado negativo en la declaración del IRPF o la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes haya resultado negativa a consecuencia de circunstancias excepcionales.

Medidas complementarias para empresas y autónomos

El pasado día 22 de abril de 2021, entra en vigor este Real Decreto-ley con el que se aprueba la concesión de aplazamientos y/o fraccionamientos, por las Delegaciones de Economía y Hacienda, del pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o préstamos concedidos por la Administración General del Estado, con dispensa de garantía y con el que se modifica, en su Disposición final primera, el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Destinatarios del aplazamiento de deuda pública

Podrán solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento las empresas y autónomos obligados al pago de estas ayudas, cuya gestión recaudadora corresponda a las Delegaciones de Economía y Hacienda, siempre y cuando hayan tenido:

  • Periodos de inactividad del obligado al pago;
  • Reducción en el volumen de sus ventas;
  • Interrupciones en el suministro en la cadena de valor;

a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlar su propagación.

Además, lo regulado en este real decreto-ley podrá ser aplicado a solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas que se correspondan con procedimientos ya iniciados en los que no haya recaído resolución en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que se cumplan los requisitos y se aporte la documentación adicional necesaria.

Podrán solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento durante los ejercicios 2021 y 2022.

Deudas incluidas

Podrán referirse tanto a deudas que se encuentren en periodo voluntario de pago, como deudas que previamente hubieran sido aplazadas y/o fraccionadas por las Delegaciones de Economía y Hacienda, siempre y cuando no se encuentren en periodo ejecutivo de pago.

En este último caso de deudas previamente aplazadas y/o fraccionadas, la admisión a trámite de la solicitud suspenderá automáticamente el procedimiento de gestión recaudatoria de las deudas afectadas con efectos desde la presentación de la solicitud hasta que se dicte la correspondiente resolución. Si el pago se encontrase domiciliado, quedará automáticamente anulada la domiciliación para aquellos plazos que aún no se hubiesen envidado al cobro.

Tramitación de la solicitud y plazo establecido

La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento en periodo voluntario deberán efectuarla ante la Delegación de Economía y Hacienda competente y en el plazo establecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento General de Recaudación, el cual nos remite al artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

“1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.

2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

3. El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.”

Documentos requeridos

Los datos y documentos necesarios que hay que adjuntar a la solicitud son los siguientes:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita.

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

e) Garantía que se ofrece.

f) Orden de domiciliación bancaria.

g) Lugar, fecha y firma del solicitante.

h) Indicación de que la deuda no tiene el carácter de crédito si el solicitante se encuentra en proceso concursal.

i) Documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de notificación.

j) Demás documentos o justificantes que estime oportunos.

Si se solicita la dispensa total o parcial, habrá que aportar, además:

a) Declaración responsable y justificación documental manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía.

b) Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

c) Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, en su caso.

d) Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

*Artículo 46 apartados 2, 3.b) y c) y 5 del Reglamento General de Recaudación.

Documentos adicionales

En este real decreto-ley, se enumeran una serie de documentos adicionales que habrán de acompañar a la solicitud:

  • Memoria justificativa.
  • Certificación expedida por los órganos competentes, a solicitud del interesado, de las deudas tributarias y con la Seguridad Social que mantiene el solicitante.
  • Plan de viabilidad o de negocio.
  • Para deudas que ya contaran con una garantía total o parcial, deberá aportarse documentación firmada por el garante que acredite que la operación aplazada y/o fraccionada sigue estando garantizada en los mismos términos que la deuda original. Si las garantías estuvieran depositadas ante la Caja General de Depósitos, deberá procederse a la sustitución de las garantías.

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda

Una vez verificados los datos, documentos y requisitos por parte de la Delegación de Economía y Hacienda competente, ésta podrá dictar resolución acordando el aplazamiento y/o fraccionamiento con dispensa de garantía, en los siguientes términos:

  • La deuda aplazada y/o fraccionada devengará a favor de la Hacienda pública los intereses de demora conforme al artículo 53 del Reglamento General de Recaudación:

– En caso de aplazamiento serán calculados “por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada”.

En caso de fraccionamiento serán calculados “por cada fracción de deuda. Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido. Deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspondiente.”

En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas: “se liquidarán intereses de demora de conformidad con el artículo 52.4” del Reglamento General de Recaudación.

  • Se podrá conceder un periodo de aplazamiento para el pago de la deuda de hasta 2 años desde la fecha de vencimiento que corresponda, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta 2 años, a solicitud del obligado al pago.

Deudas no incluidas

Las deudas que no podrán acogerse son las que hayan sido o sean aplazadas y/o fraccionadas conforme al procedimiento del pago con dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en I+D+i (establecido en la Orden PCM/519/2020, de 9 de junio).

Situación en Ceuta y Melilla

Se modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, estableciendo la posibilidad de que las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla:

– puedan añadir en su territorio sectores beneficiarios de la Línea COVID de ayudas y establecer excepciones a los criterios establecidos en el apartado 1.c).

– así como otorgar ayudas directas, dentro de la asignación establecida, a empresas o profesionales que se hayan visto particularmente afectadas dentro de su ámbito, con CNAE distintos a los incluidos en el anexo I.

Normativa aplicable:

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Cristina Muriel

Cristina Muriel

Forma parte del equipo del Departamento de Servicios Jurídicos y está al día de toda la normativa.