Los profesionales autónomos podrán compatibilizar el inicio de su actividad con el cobro del desempleo durante un máximo de 9 meses y capitalizar hasta el 100 % de su prestación sin importar su edad, según el anteproyecto de ley de autónomos que se debatirá en el Congreso.
Estas medidas, que hasta ahora se restringían a los menores de 30 años, se extenderán al conjunto de los autónomos con la nueva ley de fomento del trabajo autónomo y la economía social. El Consejo de Ministros dio su visto bueno al anteproyecto de ley, conjuntamente con una nueva regulación de las sociedades laborales, y ya se ha remitido a las Cortes para su debate y aprobación.
Se busca así reforzar y ampliar los incentivos de que pueden disfrutar los autónomos, que podrán cobrar el paro al mismo tiempo que inician una actividad emprendedora durante un plazo máximo de 9 meses. Además, se permitirá la reanudación del cobro de la prestación hasta cinco años después de haber iniciado dicha actividad por cuenta propia.
En cuanto a la capitalización de la prestación, se podrá utilizar de tres formas: al 100 % en un único pago, capitalizando sólo una parte y usando el resto para abonar las cuotas a la Seguridad Social o destinando el total de la prestación al pago de dichas cuotas.
La tarifa plana de 50 euros también tendrá su protagonismo en la nueva ley. Este descuento en la cuota mensual de los autónomos se aplicará durante los 6 primeros meses de actividad y se extenderá a nuevos colectivos (víctimas de terrorismo y de violencia de género), contemplará nuevos incentivos para las personas con discapacidad y será compatible con la contratación de trabajadores por cuenta ajena.
También se ampliarán los incentivos previstos para los familiares colaboradores, y los mecanismos de protección para los autónomos económicamente dependientes.
En cuanto a la economía social, la ley recogerá nuevos incentivos para facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades o el aumento de las bonificaciones en las cuotas empresariales para la contratación de trabajadores en riesgo de exclusión social.
El Gobierno prevé además una nueva Ley de Sociedades Laborales y Participadas para adaptar estas entidades a la realidad económica actual, facilitando los trámites para su creación y dando mayor protagonismo a los trabajadores en la toma de decisiones, entre otras medidas.
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